El concepto de “Persona Políticamente Expuesta” (PEP) se originó en Suiza. Durante más de veinticinco años, las instituciones financieras suizas tuvieron la obligación de implementar una diligencia debida[1] reforzada cuando entran en contacto comercial con altas figuras políticas extranjeras y sus familiares.
Las PEP son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, como por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos, entre otros, y pueden ser locales o extranjeros. Actualmente se extiende también a aquellas que tengan “exposición pública” y a los representantes de organismos internacionales.
Muchos países han modificado o están en el proceso de modificar sus leyes y reglamentos, para sancionar la corrupción de empleados públicos y funcionarios de estados extranjeros, en conformidad con los convenios internacionales. En estos Estados, a la corrupción extranjera (el delito de legitimación de capitales) se le aplican las leyes y reglamentos pertinentes.
Incluso sin un fundamento legal, resulta inmoral o incompatible con la conducción apropiada a las operaciones financieras, aceptar o mantener una relación comercial si la institución está en conocimiento de que los fondos provienen de la corrupción o uso indebido de bienes públicos.
El banco debe identificar a toda persona sospechosa de ser un PEP, así como a las personas y compañías relacionadas con ella, antes de establecer cualquier tipo de relación comercial.
En la actualidad, aceptar y administrar fondos de PEP corruptos perjudica la reputación de cualquier banco y podría incluso llevar a su cierre. Por esta razón los clientes deben investigarse de acuerdo a las regulaciones y leyes sobre de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo.
El informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) tiene datos del manejo que dan las entidades financieras a las PEP en los diferentes países de la región: la mayoría de las entidades financieras preguntan directamente al cliente es si es una PEP nacional, extranjera o de un organismo internacional. Este proceso se realiza mediante los formularios al abrir cuentas, créditos o relaciones comerciales y en la actualización de datos del Cliente
En Argentina, por disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF), las entidades financieras deberán identificar a los clientes que se encuentran incluidos dentro de la categoría de PEP y solicitarles, de considerarlo necesario, información adicional.
La resolución de la UIF determina «llevar adelante un monitoreo continuo de la relación comercial» y prestar especial atención a las transacciones realizadas, que no guarden relación con la actividad declarada y con su perfil como cliente, requirente, donante o aportante.
La lista de los cargos públicos para identificar PEP del gobierno son sistemas que mejoran la transparencia de información y funcionan muy bien en Chile, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú.
El estándar GAFI indica que: toda relación con PEP extranjero debería considerarse de alto riesgo. Mientras que la relación con PEP domésticos y de organismos internacionales depende del análisis de riesgo.
La recomendación 12 de GAFI indica que: los requisitos para todos los tipos de PEP deben aplicarse también a los miembros de la familia o asociados cercanos.
La acción establecida para detectar y realizar operaciones comerciales con PEP se basan en lo detectado y experiencias obtenidas a nivel global, tal como lo menciona el Banco Mundial en el que se estima que cada año se pagan más de 1 billón de dólares en sobornos: el producto de la corrupción robada sólo a los países en desarrollo oscila entre los 20.000 a 40.000 millones de dólares al año, lo que equivale aproximadamente al PIB anual de los 12 países más pobres del mundo, en los que viven más de 240 millones de personas.
El desafío de la actualización de información permanente
Elaborar la lista de PEP es un proceso complejo que demanda recursos y tiempo: requiere definir las fuentes, implementar la búsqueda, verificar la información y ejecutar el proceso de sistematización. Luego de esta etapa, que puede requerir varios meses, la lista queda elaborada. Pero un buen oficial de cumplimiento no puede quedarse con esto, luego se realiza un nuevo proceso: hay cambios diarios en los cargos públicos –más aún en épocas electorales y preelectorales– y la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo exige contar con una base de datos actualizados al día.
[1] Diligencia debida es un proceso continuo de monitoreo y prevención de los efectos negativos de las actividades de las empresas sobre los derechos humanos.
Fuentes:
La categoría de PEP será indefinida en el tiempo: UIF Argentina