El contexto de América Latina
Según un informe sobre las tendencias del Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas en América Latina publicado por el Banco Mundial en 2014, el sector de las empresas públicas (EP) continúa cumpliendo una función importante y estratégica en la mayoría de los países de América Latina.
Las EP siguen siendo agentes importantes en lo que concierne al gasto público y a la gestión de bienes públicos en muchos países. Además contribuyen de manera significativa a la prestación de servicios públicos y comerciales para los ciudadanos. En consecuencia, están cada vez más presionadas, tanto por los votantes nacionales como por la competencia internacional, para operar y lograr sus objetivos de la manera más eficiente y efectiva. En este contexto, buenas prácticas de gobierno corporativo son fundamentales para asegurar que las EP presten servicios eficientes, garantizar que las empresas adhieran al principio de disciplina fiscal, y contribuir a que alcancen sus objetivos estratégicos de corto, mediano y largo plazo, dentro de un marco fiscal sostenible.
Las EP enfrentan varios desafíos, y la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo se considera un aspecto clave para mejorar su desempeño general.
Algunos de los desafíos más importantes generalmente están relacionados con la eficiencia y la efectividad en la prestación de servicios. Otros están vinculados con la gestión de riesgos fiscales asociados a la operación de las EP. Existe consenso en cuanto a que el grado de éxito que un país puede alcanzar al afrontar estos desafíos y, por lo tanto, en la mejora del desempeño general de sus EP, está vinculado con el marco jurídico y normativo asociado a dichas empresas.
Los desafíos a afrontar
Hay un reconocimiento generalizado entre los países de la región de que la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo puede ayudar a que las EP logren sus metas y objetivos de manera más efectiva y eficiente, y en consecuencia, varias medidas de reforma se han llevado a cabo en los últimos años orientadas a fortalecer dichas prácticas. Sin embargo, existen también varios desafíos por delante:
- Fortalecer el marco legal-institucional -en algunos casos- que define la función del Estado como propietario de las EP
- Continuar implementando medidas que promuevan una mayor independencia y profesionalismo en el directorio y la gerencia de las empresas
- Elevar los estándares de los informes financieros hasta alcanzar el nivel de prácticas aceptadas internacionalmente
- Continuar implementando medidas que apunten al desarrollo de un sólido y efectivo “marco para la gestión por desempeño”
- Continuar avanzando en la identificación, evaluación, y gestión de riesgo fiscal asociado al sector de las EP, así como en la elaboración y publicación de informes pertinentes.
Las mejores prácticas internacionales
No es obligatorio que las empresas públicas requieran dinero constante del Tesoro para cubrir sus pérdidas. Es más, lo habitual es lo contrario: que las empresas públicas aporten parte de sus ganancias al Tesoro.
En la Argentina, sólo dos empresas hacen aportes: YPF y Lotería Nacional. En países vecinos como Chile y Uruguay, en cambio, varias de las empresas públicas realizan transferencias de recursos al Tesoro para financiar otros gastos del Estado.
Los casos más conocidos son los de las mineras o las petroleras, pero también hay muchos casos de empresas públicas latinoamericanas de otros sectores –como puertos, electricidad y agua y saneamiento– que aportan fondos a sus tesoros nacionales.
En Uruguay, el conjunto de empresas públicas transfirió al Tesoro durante los últimos 5 años una suma equivalente a 2,4% del PIB.
Una de las fuentes de lineamientos del Consejo son las mejores prácticas internacionales sobre empresas estatales, muchas de las cuales ya están siendo puestas en práctica en varios países de América Latina, como el Sistema de Empresas Públicas (SEP) de Chile, que evalúa el desempeño de sus empresas estatales con metas acordadas entre la autoridad de supervisión y las compañías. Otros países, como Perú, emiten directivas para la buena gestión y gobierno de las empresas públicas. Brasil exige estándares de este tipo para todas las empresas de mayoría accionaria del Estado.
Un mejor gobierno corporativo –con directores independientes, procesos más transparentes, una estrategia basada en resultados y una gestión más profesional– permite a las empresas públicas cumplir mejor su rol social, mejorar la calidad de sus servicios y usar sus recursos con más eficiencia.
Las reglas de buen gobierno pueden funcionar como barrera para despolitizar el proceso de toma de decisiones y enfocar la gestión hacia la sustentabilidad financiera y la buena prestación del servicio.
Fuentes:
Carta de Jefatura #2 – Casa Rosada Empresas públicas para el crecimiento
Banco Mundial: Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas en América Latina PDF