Cómo el Estado argentino generará valor en las 41 empresas que controla.

En diciembre de 2015, el Gobierno encontró un portafolio de empresas públicas marcado por la falta de coordinación de las decisiones, la ausencia de estándares administrativos y de transparencia y, salvo excepciones, escaso profesionalismo en la gestión. En varias de ellas, además, reinaba la corrupción.

Las empresas argentinas de mayoría estatal se encuentran actualmente en proceso de evaluación de su gobierno corporativo por parte de OCDE, organismo que admitió a nuestro país como miembro de su Comité de Gobernanza Corporativa.

La Iniciativa 82 de los Objetivos de Gobierno establece: “Ordenamiento de la Gestión de las Empresas Públicas. El Estado argentino controla unas 41 empresas, con niveles muy variables de profesionalismo y estándares administrativos. Para ayudarlas a generar valor, estamos implementando un conjunto de iniciativas para mejorar el desempeño de las empresas de capital estatal, tanto en la calidad del servicio como en la efectividad y transparencia con que operan. Además, estamos implementando las mejores prácticas existentes en países de la OCDE en lo que concierne al buen gobierno y gestión de empresas públicas”.

 

Los «principios de buen gobierno» para compañías de mayoría estatal alcanzarán a un total de 41 empresas, entre las que se destacan YPF, Aerolíneas Argentinas, AySA, Correo Argentino y Tandanor.

 

A través de los Lineamientos, el Estado como accionista comunica a las empresas lo que espera de las mismas en términos de prácticas de gobierno y gestión. A los efectos de dicho cumplimiento, las empresas cuentan con libertad para elegir el diseño institucional que crean más conveniente para implementar los lineamientos.

En la elaboración del manual de buenas prácticas, el Gobierno contó con la asistencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que trabajó en conjunto con la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó colaboración en las iniciativas destinadas a mejorar las políticas de compras y abastecimiento de las empresas.

La decisión administrativa 85/2018 establece un conjunto de buenas prácticas relacionadas con transparencia, integridad, sustentabilidad, desempeño económico, alta gerencia, políticas de compras y abastecimientos, y auditoría y control.

 

Los lineamientos no reemplazan competencias legales establecidas en instrumentos normativos aplicables a las empresas de propiedad mayoritaria estatal.

 

Consiguientemente, los organismos de gobierno con competencias sobre las empresas de mayoría estatal mantienen sus responsabilidades y funciones existentes.

 

Estructura

La primera sección del documento describe seis Principios de buen gobierno: son los fundamentos bajo los que se estructuran los lineamientos. Ante cualquier conflicto de interpretación entre los lineamientos entre sí y entre éstos y los principios, prevalecerán los últimos.

 

Los principios son los de Eficiencia, Transparencia, Integridad, Generación de Valor, Estándar de Empresa Listada y Roles Diferenciados del Estado. 

 

La segunda sección establece siete Lineamientos de buen gobierno. Los mismos constituyen diferentes aspectos que el Estado nacional, como accionista, entiende que se encuentran vinculados al buen gobierno y gestión de las empresas. Por un lado, establecen buenas prácticas de organización y funcionamiento de los directorios y gerencias de las empresas, incluyendo prácticas de evaluación del desempeño, transparencia e integridad. Por el otro, contienen componentes relacionados a políticas específicas de auditoría y control, desempeño económico, compras y abastecimiento y sustentabilidad.

Cada lineamiento contiene cinco principales aplicaciones. Las mismas permiten visualizar la implementación práctica de la definición conceptual de cada lineamiento, lo cual facilitará el diseño de políticas específicas por parte de las empresas.

 

Por ejemplo, el lineamiento de Transparencia destaca la relevancia de desarrollar y publicar información vinculada al desempeño de las empresas.

 

La Iniciativa 82 recomienda que en el primer trimestre las empresas publiquen un informe de gestión dando cuenta a la sociedad sobre cómo cumplieron los objetivos y acciones del plan estratégico. También propone la publicación en la página web de las empresas de información vinculada a la conformación, responsabilidades y antecedentes profesionales de los miembros del directorio y principales gerentes.

Durante el primer año de gestión del actual gobierno se asentaron principios para incorporar políticas de integridad y la mejora de los procesos de compras. Se crearon, por ejemplo, políticas de integridad en varias empresas, como la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que introdujo reglas de transparencia en su reglamento de compras y mejoró las prácticas de lucha contra la corrupción. También se están desarrollando Lineamientos de Buen Gobierno en conjunto con la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.

 

En el área de compras, se está asistiendo a las empresas para mejorar la eficiencia de sus procesos, bajar el costo de adquisición de bienes y servicios y aumentar la transparencia de sus decisiones.

 

En esta área, crítica para reducir costos operativos, se promovió un trabajo en conjunto entre los responsables de varias empresas. En mayo se avanzará con los diagnósticos de los procesos de compras de las empresas, empezando por Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas.

 

Fuente:

Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Mayoría Accionaria del Estado