La OCDE elaboró un informe para la regulación de las empresas estatales argentinas en función de los datos proporcionado por las autoridades nacionales. La información contenida en este documento fue base sobre la cual el Grupo de Trabajo recomendó al Consejo de la OCDE que aceptara la solicitud de la Argentina.

A pesar de su falta de mayoría parlamentaria, el nuevo gobierno ha desarrollado una agenda de reformas orientada a revisar la política económica argentina, incluso poniendo fin a un sistema de tipo de cambio dual, eliminando aranceles y cuotas de exportación e introduciendo una amnistía fiscal para los activos no declarados (Banco Mundial, 2016).

Estas reformas han acompañado el regreso de Argentina a los mercados internacionales de capital, después de que se alcanzó un acuerdo con los acreedores retenidos en abril de 2016, lo que puso fin a una batalla legal de casi 15 años con cuatro fondos de cobertura después de que Argentina incumplió en 2001.

Posteriormente, se prohibió al país emitir nuevos bonos o pagar su deuda restringida sin pagar a los acreedores holdout en su totalidad, lo que llevó a Argentina a incumplir su deuda nuevamente en 2014.

La integración internacional de Argentina bajo la administración actual también se ha caracterizado por su participación como funcionario observador ante la Alianza del Pacífico en junio de 2016, su presidencia del G20 en 2018, y la ambición públicamente reconocida de unirse a la OCDE en un futuro cercano.

El “mapa” sobre el cual se elaboró el informe contenía los siguientes datos sobre la historia económica argentina:

  • Los ingresos per cápita de Argentina estuvieron entre los diez primeros en el mundo hace un siglo, cuando representaban el 92% del promedio de las 16 economías más ricas (Bolt y van Zanden, 2014).
  • Hoy, los ingresos per cápita son el 43% de esas mismas 16 economías ricas. Las exportaciones de alimentos fueron inicialmente la base de los altos ingresos de Argentina, pero la demanda extranjera se desplomó durante la Gran Depresión y la caída asociada en los ingresos aduaneros fue la raíz de la primera en una larga serie de crisis fiscales.
  • La economía se enfocó más hacia el interior como respuesta a la Gran Depresión a partir de 1930. Este enfoque interno continuó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las políticas presentaban la sustitución de importaciones para desarrollar la industria a expensas de la agricultura, nacionalizaciones y grandes empresas estatales, la potencia en ascenso de los sindicatos y la estricta regulación de la economía.
  • La combinación de protección comercial y un importante sector estatal disminuyó un poco a mediados de la década de 1950, en una sucesión de breves gobiernos militares y civiles. Sin embargo, la debilidad de las balanzas externas y fiscales continuó en la década de 1960 y principios de la de 1970, lo que condujo a un crecimiento inestable y episodios de inflación, incluida una primera hiperinflación en 1975.
  • La dictadura militar de la década de 1970 y el gobierno democrático de la década de 1980 continuó luchando con las crisis fiscales, como resultado de ambiciones de gasto superiores a los ingresos y exacerbadas por la crisis de la deuda latinoamericana que comenzó en 1982, y la falta de un sector exportador competitivo después de décadas de industrialización por sustitución de importaciones. El país cayó en una hiperinflación en toda regla en 1989-90. Entre 1970 y 1990, los ingresos reales per cápita disminuyeron más del 20 por ciento.
  • Si bien la economía volvió a crecer después de 1990 en el contexto de los aranceles de importación más bajos, la inversión extranjera, una moneda vinculada al dólar estadounidense y la caída de la inflación, la volatilidad no retrocedió. La competitividad de las exportaciones flaqueó después de la crisis asiática y la devaluación del real brasileño y, a fines de la década de 1990, la economía enfrentaba una grave recesión.
  • El aumento de los desequilibrios fiscales condujo al incumplimiento de la deuda en 2001 y al final de la paridad cambiaria. El efecto empobrecedor de la crisis se vio agravado por la posterior devaluación que aniquiló grandes cantidades de ahorro de los hogares. A pesar de las crisis recurrentes, el crecimiento de Argentina entre 1990 y 2010 le permitió comenzar un proceso de convergencia con el mundo desarrollado. Fuente: (OCDE, 2017).

Las prioridades del gobierno de Argentina continuarán enfocándose en la recuperación de las empresas estatales no rentables y en el desarrollo de planes estratégicos con el objetivo de reducir el impacto de las empresas públicas en el déficit fiscal.

El Gobierno argentino ha expresado su compromiso de aumentar la institucionalización de su iniciativa SOE hasta 2019 siguiendo las recomendaciones de la OCDE, y ha informado que también trabajarán para garantizar la sostenibilidad de la gobernanza de las EP promoviendo la implementación de sus Lineamientos recientes que ofrecerán orientación para las EP sobre cómo mejorar su gobernanza, que abarca siete componentes principales:

I) Transparencia

II) Integridad

III) Sostenibilidad

IV) Rendimiento económico

V) Junta y alta gerencia

VI) Políticas de adquisición

VII) Auditoría y control

Los Lineamientos siguen un sistema de cumplir o explicar y la Jefatura de Gabinete de Ministros describe que su plan es convocar a reuniones periódicas para revisar la implementación por parte de las EPE.

OECD Review of the Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Argentina

 

Fuentes:

OECD Review of the Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Argentina

Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, Edición 2015

Misión funcionarios OCDE – Revisión Gobierno Corporativo de Empresas Públicas